El gobierno nacional abrió un nuevo round en su pelea con la justicia al impulsar la propuesta de 16 gobernadores peronistas de ampliar a 25 la cantidad de integrantes de la Corte Suprema, para que tenga una representación federal, con paridad de género y mayor especialización. En el Máximo Tribunal optaron por mantener sus opiniones en silencio, porque prefieren esperar a ver como avanzan los acontecimientos. No obstante puertas adentro del Palacio dudan de la constitucionalidad de la iniciativa, pues a simple vista afectaría el principio de la división de poderes.
La jugada de los mandatarios provinciales no se escapa del rechazo al inminente fallo relacionado con el reclamo de fondos de coparticipación que inició la ciudad de Buenos Aires. Ya lo habían dejado claro cuando finalizó la instancia de negociación entre Nación y CABA, al enviar una nota a la Corte quejándose de que la Capital Federal haya sido considerada una provincia, y rechazando cualquier transferencia de recursos “alterando el plexo normativo constitucional precisamente de parte de aquellos que deberían ser sus celosos custodios.”
Lo cierto es que el proyecto aún no está escrito. El viernes pasado un grupo de gobernadores se reunió en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) para unificar criterios que permitan redactarlo.
Por el momento apunta a sustituir el artículo 21 del Decreto-Ley 1285/58 según ley 14.467, que establece que la Corte Suprema de Justicia “estará compuesta por cinco jueces”, y pasaría a decir 25. Respecto a la designación de sus integrantes será por decreto del Poder Ejecutivo previo acuerdo con el Senado, tal como hasta ahora, respetando una composición federal, que incluya 12 mujeres.
Los gobernadores y gobernadoras de 16 provincias firmaron un compromiso para propiciar “una reforma en la integración de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el objeto de promover la unidad nacional en el cumplimiento de tres principios: a) federalismo, b) equidad de género, c) especialidad en la materia.”
En el mismo documento señalaron que “no podemos ser convidados de piedra del poder central”, argumentando que “nuestro país extenso y diverso requiere una nueva visión y concepción de la justicia como organización que vincule, proteja y defienda los derechos de los ciudadanos y ciudadanas con alcance federal.”
A la hora de proponer 25 jueces, justificaron que la primera Corte fue integrada en 1863, “por cinco miembros, pero el país tenía aproximadamente 1.200.000 habitantes.”
Compararon con otros países al destacar que Chile posee 21 miembros, Costa Rica 22, Colombia 23, Brasil 11, España 12, y en Francia la Corte de Casación está compuesta de 120 consejeros. Remarcaron que sólo Argentina y Uruguay poseen 5 integrantes.
El pacto fue respaldado por Axel Kicillof (Buenos Aires); Ricardo Quintela (La Rioja); Raúl Jalil (Catamarca); Alberto Rodríguez Saá (San Luis); Gildo Insfrán (Formosa); Osvaldo Jaldo (Tucumán); Gerardo Zamora (Santiago del Estero); Alicia Kirchner (Santa Cruz); Gustavo Bordet (Entre Ríos); Gustavo Melella (Tierra del Fuego); Sergio Uñac (San Juan); Sergio Ziliotto (La Pampa); Gustavo Sáenz (Salta); Jorge Capitanich (Chaco); Oscar Herrera Ahuad (Misiones) y Mariano Arcioni (Chubut).
La propuesta todavía no fue redactada, sin embargo, ya despertó la reacción de otros mandatarios que anticiparon su reprobación.
El correntino Gustavo Valdés, sostuvo que cualquier intento por ampliar el Máximo Tribunal se aleja de las necesidades de la gente.
Rodolfo Suárez, de Mendoza, consideró que 25 es un número muy alto y coincidió con Valdez en que en este momento la prioridad no es la Corte.
En cuanto a Horacio Rodríguez Larreta, anticipó que será un nuevo fracaso del gobierno en su pelea con el Poder Judicial, “como ya lo fue la reforma judicial, el intento de cambiar la ley del procurador y el intento de avanzar sobre el Consejo de la Magistratura”.
A todo esto, en el Senado también están debatiendo la reforma de la Corte en las comisiones de Asuntos Constitucionales, y de Justicia y de Asuntos Penales. Analizan aumentar el número de integrantes, dividir en salas especializadas y respetar la paridad de género. En el caso de obtener la media sanción en la Cámara Alta, la posibilidad de conseguir los votos en Diputados es incierta.
Mientras el presidente Alberto Fernández, junto con los gobernadores aliados, impulsa la ampliación del Alto Tribunal, los 4 jueces resisten preparando fallos clave para el poder político.
El más urgente está vinculado con la cautelar solicitada por la Ciudad para que obligue a la Nación a devolverle la quita que le aplicó a la coparticipación. Además, están pendientes de resolución causas previsionales, planteos en el juicio por la presunta corrupción en la obra vial de Santa Cruz, y el derecho al olvido.
El rumor es que el proceso entre Ciudad y Nación podría tener su dictamen antes de que comience la feria judicial de invierno. Como anticipó A24.com, después del fracaso de la negociación entre el gobierno nacional y el porteño, el Alto Tribunal quedó habilitado para resolver el amparo.
Hay tres posibilidades: que los jueces rechacen la cautelar y continúen los juicios; que se interrumpa la quita de fondos, incluyendo o no el pago retroactivo del monto que dejó de percibir el gobierno de Rodríguez Larreta; o que partan la diferencia y determinen la reposición de una parte del porcentaje descontado.
Otras demandas que aguardan solución, son los 7 mil reclamos previsionales, que ponen en juego millones de pesos que deberían salir de las arcas del Estado.
Por otro lado, la Corte debe fallar sobre el derecho al olvido, en respuesta a la causa presentada por Natalia Denegri, solicitando que se suprima su nombre de toda vinculación con los archivos del Caso Coppola en los buscadores “Google” y “Youtube”.
En el juicio de Obra Pública, cerca de iniciar etapa de alegatos, hay recursos de la defensa de Cristina Fernández que esperan respuesta. Sostienen que se trata de cosa juzgada, van en contra de que los peritajes que habilitaron la elevación a juicio porque solo tomaron una parte de los contratos, y piden la recusacion de la Sala de Casación que atiende el expediente.