El Gobierno evita hablar de aumento de tarifas y explica los aumentos que llegarán en las boletas de los servicios públicos de luz, gas y agua como parte de una “redistribución de los subsidios” para que paguen más los que más ingresos tienen, entre los que incluyó a comercios, industrias y edificios y shopping.
Con este plan de segmentación de tarifas que comenzará a aplicarse desde el 1° de septiembre en el caso de los consumos de la luz y el gas, el Gobierno promete un ahorro del Estado de unos 450.000 millones de pesos para 2023 lo que representará el 0,6% del PBI. Lejos del 2,5 % de déficit fiscal prometido como meta a cumplir para este año 2022 en el acuerdo con el FMI.
En una extensa y confusa conferencia de prensa que encabezaron este martes la nueva secretaria de Energía, Flavia Royón, junto a todo el equipo del área y la titular de la empresa de AySA, Malena Galmarini, las funcionarias explicaron ante los periodistas acreeditados en el Ministerio de Economía que “no es un aumento de tarifas sino una redistribución de subsidios para avancar en el ordenamiento fiscal” pactado por el Gobierno con el FMI.
Royón dijo que “se trata de una política redistributiva con sentido social donde las familias que necesitan mantener los subsidios están primero”, y agradeció a “los 4 millones de usuarios” que no se inscribieron para mantener los subsidios del Estado por considerar que pueden pagar la tarifa plena, sin ayuda estatal.
Esos usuarios considerados de la “categoría 1”, pasarán a pagar boletas de luz y gas con aumentos que promedian los $1300 bimestrales, a raíz de la quita del 20% de los subsidios del Estado que reciben actualmente, explicó Royón, pero admitió la dificultad del gobierno para calcular cada caso de usuario particular, y se limitó a informar ejemplos promedios que pasarán a pagar con consumos promedios de 300 kw en la electricidad o de 300 metrros cúbicos para el gas.
En el caso de comerciantes, servicios de usuarios colecetivos como lugares de uso común en edificios, shoppings o clubes, pasarán a ser considerados como los usuarios de la categoría 1, es decir, se les aplicará la quita de subsidios como a los de altos ingresos, con una quita inicial de subsidios del 20% en el próximo bimestre, y el 80% restante de los subsidios se les descontarán en dos tramos de 40% en los próximos dos bimestres posteriores, entre enero y junio de 2023, cuando todos los usuarios de nivel 1 pasarán a pagar la tarifa plena.
El caso de AYSA, la quita de subsidios significará un ahorro de 45.000 millones de pesos para 2023, según explicó Galmarini, pero no habrá segmentación por ingresos familiares, como en los casos de la Secretaría de Energía, sino que la quita de subsidios será aplicada por valor fiscal y subzona donde esté ubicada cada vivienda.
Desde el Gobierno negaron que la quita de subsidios a las tarifas de electricidad y gas tengan alto impacto en la inflación, y aseguraron que los costos de la electricidad no están dolarizados sino atados al dólar link oficial.
Según dijo Royón, ese cálculo lo hacen teniendo en cuenta que las facturas que recibirán las empresas y comercios no superarán este año el 20% en boletas que hoy pagan 1200 pasarán a pagar por el mismo nivel de consumo $2250.
El Gobierno envió un mensaje de promocionar la “eficiencia en el consumo” de los argentinos e insistió en la decisión de sostener los subsidios plenos a los cerca de 3,5 millones de usuarios pobres que hoy tienen tarifa social, mientras que la quita será gradual y en menor porcentaje a los usuarios de clase media que se hayan anotado apra recibir subsidios, pero en ellos, recaerá la presión de no consumir más allá del tope impusto en la nueva segmentación.
La medida apunta a “contribuir al ordenamiento fiscal”, dicen en el Gobierno. Según explicó en la misma conferencia de prensa el secretario de Finanzas, Raúl Rigo, “dentro de 3 semanas enviará la proyección del nuevo presupuesto 2023 al Congreso, antes del 15 de septiembre, con una previsión de ahorrar en subsidios cerca de 450.000 millones de pesos para el año que viene, lo que representa apenas un 0,5 % del PBI.
Rigo reconoció que lejos del 0,6% de ahorro del PBI que había proyectado el ex ministro Martín Guzmán antes de renunciar en junio pasado, al diseñar la segmentación de tarifas, en lo que queda de este año 2022 el Estado ahorrará con este nuevo plan de quita del subsidio a 4 millones de usuarios apenas 0,1 % del PBI.
Cabe recordar que el plan de metas comprometido en el acuerdo de refinanciación de la deuda con el FMI; el Gobierno había prometido bajar el déficit fiscal este año 2022 en un 2,5% del PBI, y la demora en la quita de subidios representará menos de un tercio de la baja del déficit.
Sin embargo, no explicaron qué pasará con las empresas que sean considerados grandes consumidores de energía y si el aumento de las boletas de los servicios pasarán a engrosar los costos de producción, teniendo en cuenta la crisis económica local por la inflación récord de julio.
La respuesta fue que la tendencia en el costo de electricicidad es que “baje el año que viene” y que en junio de 2023 empiece a funcionar el gasoducto Néstor Kirchner, que abastecerá el consumo interno de gas y el país podrá ahorrar dólares para la importación de energía que hoy genera un cuello de botella y escacez de divisas, lo que impacta fuertemente en la crisis de reservas, por lo tanto, en el dólar y la inflación.