A 28 años del brutal atentado terrorista con coche bomba que sufrió la Asociación Mutual Israelita Argentina en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el lunes 18 de julio de 1994, el Estado argentino reconoció el viernes pasado su responsabilidad “por la violación al derecho a la vida, a la seguridad y a la no discriminación” de las víctimas.
“Vengo en nombre de la República Argentina a ratificar el reconocimiento de su responsabilidad internacional contenido en el decreto 812 de 2005 por la violación a los Derechos Humanos de las víctimas del atentado”, indicó la coordinadora de la Unidad Especial AMIA que funciona en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Natalia D’Alessandro.
Su discurso fue sobre el final de la audiencia del caso “Asociación Civil Memoria Activa contra Argentina”.
La representante argentina también admitió que “el Estado argentino no tomó las medidas adecuadas de protección de las víctimas a pesar de la situación de riesgo general de la comunidad judía en Buenos Aires”.
En ese contexto, el Estado argentino admitió haber cometido “la mayor bajeza institucional desde el retorno de la democracia”, al pagarle 400 mil dólares al desarmador de automóviles Carlos Telleldín para que acusara falsamente a un grupo de policías por el ataque a la mutual judía.
D’Alessandro le pidió a la Corte Interamericana que “acepte el reconocimiento de responsabilidad internacional” por parte del Estado argentino y “fije las reparaciones” a las que deberá someterse.
El allanamiento a la demanda presentada por la agrupación de familiares y víctimas del atentado Memoria Activa y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) identificó a los responsables de las omisiones del Estado argentino. En esa presentación, a la que tuvo acceso A24.com se enumera a los funcionarios que habrían participado.
“Quienes estaban a cargo del poder público: fiscales, juez, fuerzas de seguridad, agentes de inteligencia y el Poder Ejecutivo de entonces tomaron la decisión de encubrir la verdad y torcer la investigación, acusando a inocentes y resguardando a personajes cercanos al gobierno”, afirma el documento judicial.
Por su parte, en el alegato de la querella, la abogada del CELS Paula Litvachky afirmó que “quedó claro en esta audiencia que el Estado por sí mismo no fue capaz de averiguar la verdad”. “Peor que eso: el Estado argentino, tanto con acciones como con desidias, nos privó a todos de la verdad histórica, de esa verdad que Diana (Wassner, viuda por el ataque a la AMIA) necesitaba contarle a sus hijas”, añadió.
“Estamos acá por todas las vidas perdidas, por los que fueron forzados a vivir con tanta ausencia y por las generaciones que vendrán. Estamos acá porque no queremos que haya que luchar 30 años para obtener lo que corresponde. Como dijeron Diana y Adriana (Reisfeld, hermana de otra víctima mortal): verdad y justicia”, insistió.
La Corte Interamericana quedó en condiciones de emitir su fallo respecto del reclamo de las víctimas del atentado.