Tras la destitución de Pedro Castillo por querer disolver el Congreso, se decretó esta medida previsible por el malestar político y social que viene atravesando el país.
Lo previsible: el nuevo gobierno del Perú ha declarado el estado de emergencia por 30 días en todo el país ante las protestas masivas originadas por la destitución de Pedro Castillo después de su vano intento de disolver el Congreso.
Por lo pronto, la medida implica la movilización de la policía nacional y de las fuerzas armadas y la suspensión de los derechos de reunión, de inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de la reunión y la libertad y seguridad personales para controlar las protestas.
Las fuerzas del orden pueden impedir reuniones, ingresar en domicilios y restringir el tránsito si lo consideran necesario. La confrontación social sumaba hasta el miércoles ocho muertos y un centenar de heridos, además de daños a diversas propiedades de empresas y del Estado.
Los manifestantes reclaman el cierre del Congreso, un adelanto de las elecciones, la renuncia de Boluarte y, para algunos también, la libertad del expresidente Castillo.