El fallo de la Corte Suprema de Justicia a favor del reclamo por la quita de coparticipación al Gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta -no por casualidad uno de los posibles candidatos a la sucesión presidencial por la oposición-, logró lo que nadie pudo, ni siquiera los festejos de la Selección Argentina: que albertismo y kirchnerismo duro, gobernadores e intendentes del PJ, se unieran en el marco de una pelea que amenaza con poner en riesgo el funcionamiento de las instituciones democráticas.
Oficialismo y oposición juegan con fuego, al denunciarse públicamente, de quebrar el orden democrático, de generar un choque de poderes entre los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
El gobierno con Alberto Fernández y Cristina Kirchner a la cabeza prepara, la última semana del año 2022, una batería de contraataques a la Corte.
Tal como anticipó en el documento firmado el jueves por el presidente con apoyo de 14 gobernadores del PJ al que adhirieron los intendentes de la FAM, todo el peronismo está pensando en pedir juicio político contra los 4 miembros de la Corte, aunque saben esa movida será casi imposible de cristalizar, porque no tienen los números en el Congreso.
Pero la oposición tampoco tiene el quorum propio, para avanzar en un eventual juicio político y eventual pedido de destitución del presidente, como amenazaron algunos dirigentes de Juntos por el Cambio, que salieron a respaldar a Rodríguez Larreta en la pelea por la distribución de los fondos de coparticipación.
La parálisis del Congreso y la falta de quorum para la elección de nuevas autoridades en la Cámara de Diputados, es otro signo del riesgo que sufre el funcionamiento de las instituciones del país.
Cerca de Alberto Fernández reconocen que la pelea entre Nación y Ciudad por los fondos de coparticipación, será parte de la pelea que se avecina en el inicio del año electoral. El Ejecutivo se apoya en los gobernadores e intendentes del PJ que se adhirieron a la estrategia de la Casa Rosada en reclamo de sus fondos propios, y denuncian perder ingresos en desmedro del fallo favorable a la Ciudad.
Habrá una pelea estrictamente jurídica, que tiene que ver con la recusación del Ejecutivo a los jueces que anunció el primer mandatario y se concretaría en los próximos días. Seguramente sobrellevará a una respuesta de rechazo por parte de la Corte y una contraofensiva de la Corte contra la decisión del Poder Ejecutivo de no acatar el fallo.
Pero tanto los gobernadores del oficialismo como de la oposición, que no adhirieron a la dura respuesta de Fernández a la Corte, están preocupados por no poder mostrar obras y mejoras en sus territorios en plena campaña electoral y reclaman una alternativa: una nueva ley de coparticipación.
Además del plano judicial, la Corte podría avanzar en el plano administrativo, a partir del pedido de Rodríguez Larreta que la justicia embargue las cuentas del Tesoro nacional para hacer efectivo el fallo que ordena la restitución de los fondos descontados a CABA para capear los gastos de la policía local.
La pelea podría escalar también a nivel político, con una contraofensiva del oficialismo y la oposición.
Entraron en el juego otros actores de Juntos por el Cambio, que como Elisa Carrió y Patricia Bullrich, que denunciaron públicamente a Alberto Fernández de “romper el orden constitucional” por no cumplir la orden del máximo tribunal, y anticiparon la intención de iniciarle juicio político para presionar, y eventualmente, intentar destituir al presidente.
Se espera con fuertes expectativas el discurso que pronunciará en medio del clima de incertidumbre la vicepresidenta Cristina Kirchner, este martes a las 19 en Avellaneda.
Será el regreso público de Cristina después del descargo que hizo en redes sociales el día que el juzgado federal oral 2 dio a conocer el fallo que la condenó a 6 años de prisión y prohibición perpetua a ocupar cargos públicos por el delito de malversación de fondos públicos en la causa Vialidad.