Funcionarios de Desarrollo Humano y Educación pertenecientes a SAE, establecen estrategias conjuntas para intervenir ante el consumo de sustancias en escuelas.
En esta reunión participaron la coordinadora de la Línea 102, Adriana Camacho; la coordinadora de Dispositivos de Sistemas de Cuidado, Ana Maurín; y la coordinadora del Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, Judith Forero, junto a referentes del servicio SAE del Ministerio de Educación y del Ministerio de Seguridad.
El objetivo de este encuentro fue abordar de manera conjunta el tema del consumo problemático en los establecimientos educativos desde una perspectiva integral, para promover la colaboración interministerial y el trabajo en equipo, y para establecer estrategias conjuntas que permitan intervenir de manera efectiva y coordinada en situaciones de consumo, venta o distribución de sustancias en el ámbito educativo.
En este sentido, Agustín Garlatti indicó que “esta reunión entre los distintos referentes ministeriales es positiva y permite un trabajo articulado para promover derechos y proteger a nuestra infancia y adolescencia, fortaleciendo las líneas de acción propuestas desde diversos ámbitos con sugerencias y observaciones ante el consumo o venta de drogas en las escuelas. Esto nos permite aportar herramientas, datos actualizados e información relevante para un abordaje integral y articulado con las políticas públicas de otras áreas del Estado del Sistema de Protección de niños, niñas y adolescentes de la provincia”.
Por su parte, las coordinadoras de la Secretaría de Protección a las Infancias y Adolescencias señalaron que es importante promover esta colaboración interinstitucional unificando criterios para las intervenciones interinstitucionales, hasta tanto se pueda elaborar un protocolo interministerial que permita articular desde los diversos ámbitos acciones para evitar estas situaciones y saber cómo actuar cuando se percibe o se toma conocimiento de consumo en las escuelas. Es por ello que indicaron que continuarán con estos encuentros entre los Ministerios de Educación, Desarrollo Humano, Seguridad, así como también con Salud, Defensoría de Niños y Niñas, Juzgado de Menores y Ministerio Público de la Acusación para articular y lograr un protocolo conjunto de actuación.