La Federación Agraria Argentina repudió el DNU de Javier Milei, particularmente, el punto que habla sobre la apertura a la compra de tierras por parte de extranjeros. A través de un comunicado, la FAA señaló que “si bien el DNU contiene aspectos positivos y negativos, queremos dejar expresado desde ya nuestro rechazo, en particular, a la apertura irrestricta de la compra de tierras por parte de extranjeros en nuestro país”.
Entre algunos puntos importantes que tocan de cerca al sector agrario nacional, la Federación apuntó en particular contra los cambios aplicados mediante DNU y no a través del Congreso, debatiendo Ley por Ley. Puntualmente, rechazó la propuesta de Javier Milei de derogar la Ley de Tierras que, según el presidente, es una medida con la que busca “promover las inversiones” extranjeras.
Este punto en el decreto responde a un reclamo que la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales viene haciendo desde la campaña. Desde CAIR creen que atraer capitales extranjeros implicaría reactivar el mercado y darle un mayor valor a la tierra. Sin embargo, la Federación Agraria no está para nada de acuerdo: “Si bien el DNU contiene aspectos positivos y negativos, queremos dejar expresado desde ya nuestro rechazo, en particular, a la apertura irrestricta de la compra de tierras por parte de extranjeros en nuestro país”, subrayan en el comunicado.
Además, aprovechan para quejarse por el aumento de las retenciones. “Con el pretexto de atraer inversiones, es necesario recordar que durante 21 años desde el sector agropecuario hemos aportado casi 200 mil millones de dólares en concepto de retenciones, que han sido la herramienta que provocó la desinversión y la desaparición de miles de pequeños y medianos productores”, dicen.
Por otro lado, la Federación Agraria Argentina criticó el Decreto de Necesidad y Urgencia porque creen que es “fundamental el respeto irrestricto a la diviasión de poderes, así como también al saludable funcionamiento del sistema de frenos y contrapesos que prevé la Constitución Nacional, pues ella impide el avasallamiento de un Poder sobre el otro”.
Para terminar, cierra: “En este sentido, entendemos que acciones que tienden a cambiar drásticamente la vida social, productiva, económica y cultural de los argentinos deberían ser debatidas por el Poder Legislativo en el Congreso de la Nación. Y, más allá de las mayorías con las que se arriba al gobierno, de las que siempre hemos sido respetuosos, como entidad estamos convencidos de que el hecho de que los gobernantes se ciñan a la Constitución y sus preceptos no es optativo ni discutible”, concluyó.