Desde que habilitó la línea 134, el Gobierno asegura que recibió miles de denuncias a dirigentes sociales por aprietes y extorsiones a beneficiarios de los planes sociales. TN accedió a los documentos que el Ejecutivo presentó ante el Juzgado Federal N°8 sobre las irregularidades en el manejo del Potenciar Trabajo, cuyo monto es de $78.000 por cada beneficiario.
De las más de 1900 denuncias de todas las provincias analizadas por este medio, el 90% relata amenazas por parte de los dirigentes de los movimientos sociales para que los beneficiarios vayan a marchar el día del paro convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), el 24 de enero.
Los hechos señalados van desde la obligación de pagar cuotas de hasta 7 mil pesos a los punteros hasta multas por no ir a las marchas.
Los denunciantes también acusan a los punteros de otros delitos como la venta de mercadería que entrega el Estado en kioscos, la construcción de casas personales con materiales y en territorios que cede el Estado y el uso de beneficiarios para tareas domésticas en sus propiedades.
Otro de los casos que recibió el juzgado es el de la lista semáforo de una agrupación bonaerense. Se trata de una planilla en la que marcan con verde a los beneficiarios que están al día con los pagos, en naranja a los que tienen algunos incumplimientos y en rojo a los que ya dieron de baja.
“Hago un aporte de 2 mil pesos cada mes que piden y lo hago para que me entreguen la mercadería y no me corten el programa ya que es mi único ingreso. Soy mamá soltera, tengo 2 hijos y alquilo y es de gran ayuda este ingreso que quiero ganarme trabajando, pero no en esta organización”, indicó una de las denunciantes.