Tras el asesinato de Cecilia Stryzowski, la jueza federal Zunilda Niremperger dictó la medida por un nuevo delito. La denuncia fue hecha en el marco del programa “Sueños Compartidos” de construcción de viviendas.
Emerenciano Sena y su esposa Marcela Acuña fueron procesados por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral. Este crimen habría sido infringido contra trabajadores en el marco de la construcción de viviendas en el programa “Sueños Compartidos”.
La denuncia había sido hecha en 2010 por el apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Actualmente, Sena y Acuña se encuentran en distintas unidades penales, donde quedarán alojados de manera definitiva, ambos procesados con prisión preventiva por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, desaparecida desde junio en Resistencia, Chaco.
Emerenciano Sena y Marcela Acuña sumaron una nueva acusación a su prontuario.
Es que la apareja, imputados por el delito de “homicidio agravado” en el femicidio de Cecilia Stryzowski, ahora enfrentan una nueva denuncia por explotación laboral y trata de personas.La medida fue dictada por la jueza federal Zunilda Niremperger y también recae sobre Osmar “Quintín” Gómez. Además, la magistrada les impuso un embargo de 31 millones de pesos.
La acusación se da en el marco del programa nacional de construcción de viviendas llamado “Sueños Compartidos”. En este, a partir de un convenio entre la provincia del Chaco y la Fundación Madres de Plaza de Mayo, se planificó la construcción de casas en el ex-predio de campo de tiro, ubicado en avenida San Martín al 3500, en la ciudad de Resistencia.
Los trabajadores que participaban de la obra recibieron una beca del programa “Chaco por vos” que incluía una suma de 500 pesos mensuales, los cuales fueron percibidos por los obreros durante diciembre de 2008 y enero/febrero de 2009.
Pero, según la denuncia, Sena dio luego la orden de que no fueran más a cobrar la beca porque debía dársela a “otras personas”.Además, los trabajadores denunciaron que tras ser contratados por Sena, Acuña o Quintín – los tres acusados -, estos les prometían “trabajo registrado” y una vivienda para sus familias. Según las víctimas, ambas promesas quedaron en la nada.
Las condiciones laborales también implicaron un delito. Según la investigación que siguió el fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, los acusados no respetaban la jornada laboral de 8 horas obligando a los trabajadores a permanecer muchas más horas y hasta, incluso, Sena solía colarse en el portón y a los gritos ordenaba que colocaran un candado para que nadie saliera del predio.
La denuncia también asegura que las condiciones de trabajo no eran dignas, ya que las personas contratadas debían comer en el piso y bajo el control por parte de autoridades los escondían.
También el pago era a condición si cumplían con la orden de Sena y, una vez que les pagaban, según el fiscal, las víctimas eran obligadas a entregar a los acusados una parte del mismo para la compra de alimentos, herramientas y para la fabricación de gorras, banderas y camisetas del movimiento piquetero que lideraban. Además, debían aportar dinero para conformar un fondo de asistencia para los compañeros que no tenían y a algunos les hacían firmar los recibos de sueldo por la suma de 1.500 pesos y solo les entregaban 1.000 pesos.