Desde la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda informaron que se están analizando presupuestos y contratos para establecer una solución. Mientras tanto, 4.200 miles de familias no pueden avanzar con sus casas y a las constructoras les deben $55.000 millones
El Gobierno se enfrenta al desafío de terminar más de 100.000 unidades habitacionales inconclusas heredadas de la gestión de Alberto Fernández. Entre esas obras se encuentran 17.000 viviendas del programa Desarrollos Urbanísticos de Procrear, 16.000 unidades de la línea Construcción y otras correspondientes a los programas Reconstruir y Casa Activa-Casa Propia, enfocados en jubilados, según fuentes del sector.
Desde la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) confirmaron que la deuda del Gobierno con las empresas es de aproximadamente $55.000 millones. Y suman un interrogante: si una vez aprobada la Ley Bases en el Senado se destrabarán fondos para cancelar esas deudas.
Con la llegada del nuevo gobierno las obras se detuvieron en todo el país, lo que provocó el cese de puestos laborales. Gustavo Weiss, titular de la Camarco, señaló que “la deuda del Procrear es por obras ejecutadas el año pasado. El gobierno de Fernández había pagado bastante bien una parte de esas facturas, pero la obra ejecutada en septiembre, octubre y noviembre venció este año, y hasta ahora no se pagó nada”. De ese modo, las obras de construcción de unidades en desarrollos urbanísticos de Procrear y otros planes de viviendas sociales están sin actividad.
Weiss agregó: “Esto significó, por supuesto, el despido de operarios y seguramente algún ajuste en la estructura de mensualizados, como hicimos todos. El Gobierno nos dice lo mismo a todos: No hay plata, tienen que esperar, la prioridad ahora es el ajuste fiscal. Esa es la situación de la obra pública, en particular en Procrear”.
Para abordar la situación de las viviendas inconclusas, el Ejecutivo contempla un acuerdo con el sector privado. La intención es que el Gobierno concluya las obras con un avance del 80% y que las constructoras se encarguen del resto, recibiendo parte de las viviendas.