El Gobierno continúa, en un doble movimiento, el proceso de desprendimiento de una serie de proyectos de obra pública que no tiene planificado financiar con el presupuesto público en el marco del ajuste fiscal para llegar este año al déficit cero, una meta que acaba de definir como “innegociable” en las últimas conversaciones con el Fondo Monetario Internacional.
El sector sopesa el costo de ese recorte, asegura que el año está perdido y estima que la interrupción de proyectos podría implicar la pérdida de USD 6.000 millones de inversión realizada.
Por un lado, el Poder Ejecutivo amplió la lista de las provincias con las que firmó convenios para el “traspaso” de obras, lo que implica que el financiamiento dejará de depender del Tesoro nacional sino que pasará a estar bajo la órbita de los gobernadores. Es una iniciativa que fue bienvenida entre las empresas del sector, que aseguran que no implica una ruptura de contratos y que ese entrega de jurisdicción podría dar continuidad a proyectos que de otra forma hubiesen quedado frenados.
Fuentes de la Casa Rosada aseguraron que se trata, por el momento, de un grupo de 850 obras públicas que la Nación dejará de fondear -o de tener obligación de financiar- y que pasarán a ser responsabilidad de los gobernadores. Este martes pasaron por Casa de Gobierno los gobernadores de Misiones, Hugo Passalacqua; y de Santa Cruz, Claudio Vidal, que firmaron convenios con el jefe de Gabinete Guillermo Francos.
21 noviembre, 2024