El juez Lara Correa hizo lugar a un amparo colectivo que presentaron organizaciones sociales. En Capital Humano interpretaron que el fallo “reconoce el trabajo que viene realizando el Ministerio”. Para Grabois, se trató de “un freno al plan de miseria planificada”
A horas del inicio de la feria judicial, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Walter Lara Correa hizo lugar a un recurso de amparo colectivo que presentaron la organización social UTEP, que cofundó el dirigente Juan Grabois, y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para que se garantice el derecho a la alimentación de las personas que concurren a comedores populares, pero al mismo tiempo convalidó las políticas implementadas por el Ministerio de Capital Humano para asistir a los sectores más vulnerables de la sociedad.
“Hacer lugar a la medida cautelar requerida por la Defensora Pública Oficial y, en consecuencia, dispóngase que el Estado Nacional–Ministerio de Capital Humano no innove respecto de los planes y programas enunciados en los considerandos, los cuales deberán ser cumplidos de manera cabal, estricta y sin dilación o interrupción alguna”, estableció la resolución que tomó el magistrado y que se conoció la mañana del sábado.
Y agregó: “Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente se hace saber que, lo decidido no obsta a las facultades que posee el Poder Ejecutivo Nacional de reestructurar, revisar y auditar la ejecución de los diferentes programas y/o planes. Así como tampoco, la potestad de creación de nuevos programas complementarios siempre que el colectivo identificado y, a quien se encentra dirigida el programa satisfaga de manera efectiva su derecho. Hágase saber que, lo aquí resuelto, no trae aparejado la imposibilidad del ejercicio del poder de policía que detenta la autoridad de contralor sobre los comedores y/o merenderos “preinscriptos” y/o “matriculados” con o sin convenio del PNUD”.
23 noviembre, 2024