Luego de que el Gobierno anuncie la posibilidad de “cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes” para obtener otra “fuente de financiamiento” para las universidades públicas, autoridades académicas se expresaron en rechazo a la iniciativa.
En primer medida, el anuncio no alcanza a precisar a qué estudiantes contemplaría dado que para poder inscribirse en una universidad pública es necesario contar con documentación de residencia temporaria, con posibilidad de prórroga, lo que excluiría a “extranjeros no residentes”.
Al mismo tiempo, según el estudio “Síntesis de Información Estadísticas Universitarias 2022 -2023” del actual Ministerio de Capital Humano, de los 2.720.531 estudiantes que realizan estudios de pregrado, grado o posgrado en universidades públicas sólo el 4,3% son de otra nacionalidad. Según el Censo 2022 del INDEC, un 4,5% de los habitantes permanentes del país son extranjeros, por lo que existe una subrepresentación de los migrantes que concurren a universidades y, al ser residentes, son contribuyentes del erario estatal.