Los gobernadores y el kirchnerismo buscan avanzar en el Congreso. La pulseada por el manejo de los planes y las protestas que se vienen.
Lo que empezó como una disputa sorda por el manejo de los planes sociales terminó escalando a todos los niveles del Estado y ahora son los gobernantes del PJ los que quieren ponerle un coto a una situación que consideran fuera de control.
Los municipios del conurbano pulseaban por administrar las unidades ejecutoras de planes de trabajo como el Potenciar Trabajo, lo cual es visto por las organizaciones sociales como un intento de clientelismo y de “cooptación” de los beneficiarios. Pero ahora se sumaron las provincias.
Cansados de la autonomía que exhiben los movimientos sociales tanto opositores como oficialistas, los gobernadores del PJ buscan consagrar una reforma que les garantice el control de los planes en sus distritos. Lo mismo que reclamaban los intendentes del conurbano, aunque lo nieguen públicamente.
El Polo Obrero, que es el mayor representantes de los piqueteros combativos, denuncia que detrás de esta avanzada está la intención de controlar a los beneficiarios de los planes para que cumplan tareas en las cooperativas de trabajo de sus municipios, lo que coarta la posibilidad de los trabajadores de elegir libremente.
Eduardo Belliboni, el referente de Unidad Piquetera -donde confluyen todas las organizaciones opositoras-, acusa por esta avanzada al ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, por la resolución 1868 del Poder Ejecutivo, publicada el 31 de diciembre pasado y según la cual si un beneficiario de un plan quiere cambiar de tutelaje no puede elegir libremente sino que será la cartera social la que defina su unidad ejecutora.
Los piqueteros dicen que, antes de esa resolución, los municipios habían perdido muchos beneficiarios de planes que se habían pasado a cumplir tareas bajo la órbita de las organizaciones sociales, donde supuestamente pueden moverse con libertad (aunque recientemente se conoció que cada afiliado del Polo Obrero debe donar el 2% de sus ingresos).
Entre los intendentes del PJ, en cambio, aseguran que no es de su interés controlar a los inscriptos del plan Potenciar Trabajo porque esa tarea le corresponde al Ministerio de Desarrollo Social.
Como sea, los gobernadores decidieron dar un paso (y por debajo se suman los intendentes): ya en la solicitada que publicaron la semana pasada para el lanzamiento de su “liga” habían advertido sobre la necesidad de atender el descalabro: “Estamos estudiando también alternativas para federalizar las políticas que permitan transformar los planes sociales en trabajo genuino y digno”, decían en ese documento.
El protagonismo de la liga de gobernadores se lo llevó el proyecto de ampliación de la Corte Suprema, para la cual los jefes del PJ buscan una composición de 25 miembros, pero el tema de los piqueteros ya estaba latente. Y el grueso del peronismo ahora quiere actuar y avanzaría contra las organizaciones sociales a través de un proyecto de ley presentado en el Congreso.
Lo hizo explícito el propio Alberto Fernández, midiendo sus palabras, en la entrevista que publicó este domingo Página 12: “El problema es que los planes sociales no se conviertan en una caja de la política, que es una situación que parece darse en algunos casos”, advirtió el Presidente.
Fernández alcaró que el objetivo es que “haya cada vez menos planes y más trabajo formal porque el trabajador en la economía popular pierde todos los derechos laborales por los que el peronismo tanto luchó”.
También dijo que Zabaleta había recibido muchas denuncias de beneficiarios que dicen que las organizaciones se quedan con parte de sus ingresos. El Ministerio de Desarrollo Social también quiere auditar a las organizaciones para ver si se está entregando en tiempo y forma la provisión de alimentos.
Sobre la avanzada de gobernadores e intendentes, el referente del Polo Obrero sostuvo que los jefes del PJ están “muy interesados” en utilizar a los beneficarios como “mano de obra barata”, en referencia a que “contratan trabajadores que se ven en los municipios, quieren personal barato y gratis, proque gran parte del pago lo da el Estado nacional, cuando lo que deberían hacer es contatrar personal municipal”.
El dirigente piquetero también atribuyó este proyecto a la interna que cuece al Frente de Todos: “La Cámpora, en alianza con intendendes y gobernadores, se opone al Movimiento Evita porque no quieren que el Evita les haga sombra en las elecciones locales”, dijo, al advertir sobre la disputa que podría cristalizarse el año que viene a partir de la decisión de la organización que conduce Emilio Pérsico de disputar las intendencias del conurbano (como ya está ocurriendo en La Matanza).