La discusión que activó la vicepresidenta Cristina Kirchner sobre el destino de los planes sociales abrió el camino para que un sector de Juntos por el Cambio impulse un proyecto de ley que busca “reconvertir” esas prestaciones en empleo registrado genuino a través de una significativa reducción de las contribuciones patronales como incentivo para el sector privado.
Si bien el tema surgió por y para la dura pelea interna que mantiene Cristina Kirchner con el presidente Alberto Fernández, en el interbloque opositor de la Cámara de Diputados el bonaerense Emilio Monzó se hizo eco del planteo y presentó un proyecto que propone una rebaja del 100% de las contribuciones al sistema previsional por dos años.
La iniciativa está preparada desde hace un mes pero la pelea en el oficialismo les brindó la oportunidad de ponerla en marcha. Y si bien lleva la firma del bloque Encuentro Federal (que integran Monzó, Margarita Stolbizer, Sebastián García de Luca y Domingo Amaya) el resto de Juntos por el Cambio, en principio, apoya la idea.
Así lo indicaron a iProfesional fuentes de la principal bancada opositora, que señalaron que “el proyecto recién está circulando entre los demás diputados, pero están de acuerdo con la idea, especialmente los ‘halcones’” del PRO identificados con Patricia Bullrich.
El proyecto opositor apunta al programa Potenciar Trabajo, uno de los más importantes en el esquema de asistencia social del Estado, con más de 1,2 millones de beneficiarios. En ese sentido, apuesta a generar incentivos que fomenten la contratación bajo la forma de empleo asalariado registrado en el sector privado.
Para ello, el punto nodal del “Plan Nacional para la Inclusión Social y Laboral ‘MEJOR TRABAJO’” es que las empresas que contraten a personas beneficiarias del Potenciar Trabajo gozarán de una reducción del 100% de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), por un plazo de 24 meses contados desde el inicio de la relación laboral.
Asimismo, el programa que propone el proyecto “contempla el monto del plan social, suma equivalente a medio Salario Mínimo Vital y Móvil, como aporte del Estado por cada salario, durante 12 meses”.
El proyecto aclara que para acceder a la reducción de las cargas patronales, será “condición que los y las empleadores aumenten la planta de personal con la que el emprendimiento contaba al momento de la promulgación de esta ley”.
En el mismo artículo la iniciativa indica que los trabajadores de las empresas que ingresen a este plan “gozarán de todos los beneficios y servicios derivados de los aportes y contribuciones”, y que las reducciones “no podrán afectar el financiamiento de la seguridad social, ni los derechos conferidos a los trabajadores por los regímenes de la seguridad social desde el inicio de su relación laboral”.
Para acceder a la reducción de las cargas que plantea el “Plan Nacional para la Inclusión Social y Laboral” las empresas que contraten a personas que perciban el plan Potenciar Trabajo deberán cumplir una serie de condiciones, entre ellas, no registrar deudas de obligaciones previsionales.
Tampoco podrán estar incorporados en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) y será un requisito que “no se le constate personal no registrado en períodos anteriores a la fecha en que las disposiciones de esta ley tengan efecto, o posteriores a dicha fecha”.
Respecto de los titulares del plan Potenciar Trabajo que sean contratados por una empresa en el marco de este nuevo esquema, el proyecto establece que “podrán seguir percibiendo los beneficios y prestaciones que otorga dicho programa por un plazo máximo de hasta 12 meses”.
En otro orden, el proyecto señala que la autoridad de aplicación de la ley serían el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo y la AFIP, que tendrán entre otras funciones la de implementar acciones de capacitación laboral a los beneficiarios del plan para brindarles “la formación para el desarrollo de destrezas y habilidades técnicas en el marco de la demanda laboral”.