Las declaraciones desde Roma no hicieron más que echar leña al fuego. Eliminación de subsidios al transporte del interior, de los giros del Fondo de Incentivo Docente y advertencia de más ajustes hacen que los mandatarios analicen recurrir a la Justicia porque, a su entender, hay un “avasallamiento” sobre leyes. En este fin de semana largo siguen cruzando mensajes y “reflexionando” sobre la estrategia a seguir.
El viernes pasado, Milei echó al titular de Anses, Osvaldo Giordano, y a la secretaria de Minería, Flavia Royón, en un abierto castigo a los gobernadores de Córdoba y Salta, Martín Llaryora y Gustavo Sáenz, a quienes desde la Casa Rosada venían apuntando como “traidores” desde el fracaso del oficialismo en el Congreso. Además, sin mencionarlos, en sus acusaciones en redes sociales sobre “los negocios de algunos” fue contra los mandatarios patagónicos. El sábado apuntó directo contra el cordobés, quien respondió en redes sociales y también contra el santafesino Maximiliano Pullaro.
Todos están enojados y, en algún punto, hasta sorprendidos por la virulencia de los ataques, pero no tienen ningún plan organizado. Al dicho de Milei de que “las provincias usen sus propios recursos”, la respuesta es que está cortando fondos asignados por leyes.
Hay asesores técnicos estudiando judicializar los temas de giros de dinero atados a leyes que fueron interrumpidos. “Lo mejor es encontrar una salida política porque los tiempos de la Justicia son largos y con la inflación se licuan los fondos”, sostiene un ministro de una provincia grande encargado de analizar el tema.
En enero, las provincias y CABA perdieron $431.299 millones de recursos nacionales. El factor económico determinó una caída real interanual del 13,9% de la coparticipación, mientras que la decisión política del Ejecutivo implicó una baja real interanual del 97,7% de los giros discrecionales. Según cálculos de Politikon Chaco, los fondos nacionales para los 24 distritos sumaron $2,3 billones, una reducción del 15,6% real interanual.