El ajuste del Gobierno tiene una magnitud histórica desde las planillas que difunde el Ministerio de Economía.
A fines del año pasado, el Gobierno no renovó la continuidad del programa Registradas, destinado a la promoción de la formalización de las trabajadores y trabajadoras de casas particulares. La iniciativa tenía como objetivo generar nuevos puestos de trabajo en el sector y reducir la informalidad en el empleo, garantizando la permanencia en un trabajo registrado y promoviendo la bancarización.
El beneficio consistía en la transferencia del 50% del salario de la trabajadora por parte del Estado nacional, durante seis o ocho meses, dependiendo de si se trata de poblaciones priorizadas y/o titulares de programas de inclusión laboral. Una vez otorgado el beneficio, se abría una cuenta sueldo en pesos en el Banco de la Nación Argentina a nombre de la trabajador o trabajadora, donde se depositaba el beneficio.A través del sindicato de Amas de Casa, hubo algunas empleadas que lograron que sus empleadores las formalicen pero en paralelo el presidente Milei firmó el DNU que desregula la legislación laboral en varios aspectos.
Según los datos del Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central, la inflación estimada para el primer trimestre se ubica en el 60%.
“La suba de precios hace que uno se prohíba cosas que antes consumía, compre menos y gaste más”, señaló una empleada doméstica que día a día trata de subsistir.