¿Que pasa después de un veto de una Ley?

Javier Milei prometió vetar la ley que incrementa las jubilaciones en un 8,1 por ciento. “Cada vez que los degenerados fiscales de la política quieran romper el equilibrio fiscal, les voy a vetar todo, me importa tres carajos”, decía el presidente respecto del proyecto que avanzaba en el Congreso. Este jueves, tras la aprobación en el Senado, se espera la reacción del presidente. Pero, ¿cómo es el proceso de veto presidencial, sus implicancias y las opciones que tiene la Cámara alta para intervenir?

El veto presidencial es una herramienta clave en el proceso legislativo argentino, porque le permite al Poder Ejecutivo frenar la promulgación de una ley aprobada por el Congreso.

Una vez que el Presidente veta una ley, el proyecto vuelve al Congreso, donde puede ser reconsiderado. Sin embargo, para anular el veto, ambas cámaras deben reunir una mayoría calificada de dos tercios de los votos de los miembros presentes. Si se alcanza, el proyecto se promulga y el veto presidencial queda sin efecto, obligando al Ejecutivo a promulgar la ley.

A pesar del respaldo significativo en la Cámara de Diputados, donde el proyecto fue aprobado con 162 votos a favor, la necesidad de una mayoría de dos tercios en ambas cámaras para contrarrestar el veto hace que la intervención del Senado sea crucial. Si bien es posible que el Senado logre la mayoría necesaria, el desafío es considerable.

No todas las leyes son susceptibles de ser vetadas. Existen situaciones excepcionales en las que la Constitución impide el uso del veto, como en los casos de reformas constitucionales o leyes que requieren un procedimiento especial para su sanción.

Además, aunque el veto es un instrumento poderoso, no está exento de control. Los tribunales pueden revisar la constitucionalidad de un veto si se argumenta que éste afecta derechos fundamentales o vulnera tratados internacionales. Esto introduce un nivel adicional de control sobre las decisiones del Poder Ejecutivo, asegurando que su ejercicio se ajuste a los principios del Estado de Derecho.