El Juzgado del Trabajo N°42, a cargo del juez Ricardo Hierrezuelo, emitió un fallo que suspende la implementación de los decretos 825/24 y 831/24 del gobierno de Javier Milei, los cuales declaraban la actividad aeronáutica como “servicio esencial”. Esta decisión fue resultado de un amparo presentado por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), liderada por Pablo Biró.
El gobierno buscaba asegurar la continuidad de los vuelos esenciales incluso en caso de conflictos gremiales, permitiendo que los pasajeros tuvieran acceso a servicios aéreos. Sin embargo, la medida cautelar, que tendrá vigencia por tres meses, solo se aplica a los trabajadores de APLA, excluyendo a otros gremios del sector.
En las últimas semanas, las protestas de APLA y otros sindicatos provocaron la cancelación de más de 300 vuelos, afectando a aproximadamente 37.000 pasajeros. En respuesta, el gobierno emitió el decreto 825/24, que modificó el Código Aeronáutico, estableciendo la obligación de notificar cualquier medida de fuerza con al menos cinco días de anticipación.
El fallo del juez considera que la regulación del gobierno infringe el derecho constitucional a la huelga y contradice normativas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que no clasifica a los pilotos de líneas aéreas como “servicios esenciales”.
El conflicto surgió por las paritarias salariales en Aerolíneas Argentinas, donde los pilotos exigen un aumento del 70%, mientras que otros trabajadores buscan un incremento mínimo del 25%. La propuesta del gobierno, que consiste en un 10,8% acumulado entre junio y agosto, fue rechazada, desatando una ola de paros y protestas.