En las últimas horas, España terminó de avanzar en el proceso de reparación democrática a las víctimas de la guerra y de la dictadura franquista. Tras su aprobación en la Cámara de Diputados el pasado 14 de julio, el proyecto de Ley de Memoria Histórica, conocido también como “Ley de Nietos”, obtuvo luz verde en el Senado.
Así, se habilitaron algunos beneficios para los argentinos descendientes de españoles que quieran adquirir la nacionalidad, con el fin de facilitar una eventual emigración hacia ese país.
La ley impulsada por el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, fue aprobada este miércoles en el pleno del Senado con 128 votos a favor, 113 en contra y 18 abstenciones, tras un debate de cinco horas con reproches cruzados entre la izquierda y la derecha, según relevo la agencia internacional EFE.
Los más críticos han sido el PP, Vox, Ciudadanos y UPN, que presentaron por separado cuatro vetos (enmiendas a la totalidad) a la ley, pero qu fueron rechazados en el pleno. La aprobación de la Ley de Memoria Democrática este miércoles en el Senado es definitiva, ya que el texto no ha incorporado ninguna modificación respecto al aprobado el pasado 14 de julio en el pleno del Congreso de los Diputados, por lo que no tendrá que volver a la Cámara Baja.
La Ley de Memoria Democrática, que derogará la de Memoria Histórica aprobada en 2007 durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, entrará en vigor próximamente, tras su publicación en el BOE (Boletín Oficial de España).
Uno de los asuntos más polémicos de la nueva ley es la posibilidad de crear una comisión que estudie vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983, un margen temporal que el Gobierno extendió un año tras pactar una enmienda con EH Bildu y que abarca desde la aprobación de la Constitución hasta los inicios del Gobierno de Felipe González.
La ley recién aprobada da un paso más al establecer de forma expresa que la búsqueda de las alrededor de 114.000 personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura corresponderá a la Administración General del Estado, sin perjuicio de las competencias de otras administraciones públicas. Para ello, el Estado elaborará un mapa de localización de personas desaparecidas y creará un banco estatal de ADN de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura para poder comparar perfiles genéticos en la identificación de restos.
Además, la ley declara ilegal tanto el régimen franquista como los tribunales franquistas, así como la nulidad de todas sus condenas, y amplía la definición de víctimas al incluir a las personas LGTBI, los niños adoptados sin consentimiento de sus progenitores y las lenguas y cultura vasca, catalana y gallega, entre otros casos.