La Argentina se abstuvo en la votación de la ONU para continuar con la investigación de “ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas” en ese país.
Amnistía Internacional criticó este viernes la decisión del Gobierno de Alberto Fernández de no apoyar una votación en Naciones Unidas (ONU) para investigar las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. “Argentina una vez más a contramano de los derechos humanos”, señaló la organización.
“Lamentamos que la Argentina esté dando pasos regresivos en su política exterior de derechos humanos. Como miembro y presidente del Consejo, la Argentina ha faltado a su misión y compromiso con los derechos humanos, incluidos el derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de las víctimas”, indicó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
“El deber de países como el nuestro es el de redoblar sus esfuerzos para exigir al gobierno de Venezuela que ponga fin a la política de represión y que permita que las y los defensores de los derechos humanos realicen su trabajo de forma segura, en lugar de darle la espalda a víctimas y sobrevivientes”, agregó.
A pesar de la falta de apoyo de la Argentina, el proyecto de resolución fue aprobado con el respaldo de 19 países contra 5 que votaron en contra y 23 abstenciones. Por tanto, el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU renovó por dos años la Misión para investigar y supervisar la situación en Venezuela.
El CDH creó la Misión de Determinación de los Hechos en 2019 con el objeto de investigar “ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014″, incluyendo violencia sexual y de género, con miras a “asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas”. En 2020, el mandato inicial de un año que se había otorgado a la Misión se extendió por otros dos años, hasta septiembre de este año.
“La Argentina ha decidido abstener en el presente proyecto de resolución por entender que el diagnóstico realizado por la FFM (Misión Internacional Independiente) no responde a un trabajo producto de investigación en el terreno y al diálogo directo con todos los actores gubernamentales y no gubernamentales involucrados”, argumentó Sebastián Rosales, representante de la Argentina ante el Consejo.
“Si bien coincidimos que es el propio gobierno de Venezuela quien debe permitir el acceso de la FFM al país para investigar adecuadamente las denuncias recibidas, la renovación de la FFM en las actuales condiciones solamente contribuye a continuar un mecanismo que en la práctica y el terreno no puede mejorar los DDHH del pueblo venezolano”, concluyó.
Durante el debate en Ginebra, América Latina se mostró dividida: tanto Brasil como Paraguay apoyaron la prórroga, y Bolivia, Cuba y Venezuela rechazaron su continuidad y la Argentina junto con México se abstuvieron. Estados Unidos, el Reino Unido y Japón votaron en favor de la comisión investigadora, China y Eritrea denegaron su apoyo.