El presidente Alberto Fernández recibió este jueves en la Casa Rosada a las ministras de Trabajo, Kelly Olmos, de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz y al ministro de Economía, Sergio Massa, con quienes ultimó los detalles de un decreto que pone límites a la creación de nuevas vacantes para los planes Potenciar Trabajo y que transfiere más recursos al sector de la Economía Social.
Según informaron desde Casa Rosada, la medida “es una herramienta para avanzar en el proceso de vinculación de planes sociales con empleo genuino, iniciado por el Gobierno nacional”.
Según trascendió en las últimas horas, luego de semanas de análisis, Alberto Fernández tomó la decisión política de prohibir por decreto el ingreso de nuevos beneficiarios a programas sociales como Potenciar Trabajo, y evitar la apertura de nuevas vacantes cuando se den de baja actuales beneficiarios.
“A partir de su entrada en vigencia, no se otorgarán nuevas altas en los programas Potenciar Trabajo, Potenciar Inclusión Joven, Nexo y Plus Esencial. En su lugar, las transferencias previstas serán destinadas a las unidades de gestión productiva para la adquisición de bienes de capital y la inserción laboral”, detalla un comunicado oficial.
La medida, que es resistida por organizaciones sociales opositoras nucleadas en la Unidad Piquetera, que justamente reclaman más planes, tiene el aval de los movimientos sociales oficialistas, como el Evita y la UTEP, que desde hace meses venían reclamando al Gobierno nacional que se institucionalice el sector de la Economía Social, como un trabajo formal remunerado.
La norma implica un “ahorro” a partir de la baja de planes potenciar a beneficiarios que no cumplen con los requisitos. Se estima que podría afectar a unos 400.000 de los actuales 1.200.000 Potenciar Trabajo vigentes.
Esos fondos serán redistribuidos para la entrega de máquinas y herramientas que Desarrollo Social entrega a cooperativas de trabajo o emprendimientos individuales.
La idea del gobierno es avanzar en la transformación de planes sociales en puestos de trabajo, en este caso, bajo el paraguas de la Economía Social, que podría pasar a regirse mediante nuevas normas en un nuevo decreto.
Aunque la UTEP que dirige el kirchnerista Juan Grabois, reclamaba al Gobierno la apertura de un ministerio de la Economía Social, otros sectores cercanos a Alberto Fernández propusieron la creación de una agencia especial, tal como lo había anticipado en su momento el propio presidente.
Al asumir la nueva ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz -que reemplazó a Juan Zabaleta- aseguró que mantendrá la política de su antecesor. “No hay más planes sociales. Esa es una decisión inamovible”.
En declaraciones a la prensa tras asumir, Tolosa Paz había anticipado la decisión: “No hay necesidad de hablarlo con los movimientos sociales. Es la misma línea de Zabaleta. Es ir justamente planificando que no tengamos en la Argentina 1.300.000 trabajadores de la economía popular subsistiendo con un plan social. Hay que alentar el trabajo y hay que desalentar la superposición de transferencias de ingresos”, declaró la ministra de Desarrollo Social en su momento.
Y agregó: “El tema es la decisión política de hacerlo, tomar las decisiones para que eso ocurra. No ocurre mágicamente. Si yo digo ‘corte en la 9 de Julio, bueno 200.000 planes más’ el mes que viene tengo un millón y medio. Mientras tanto, tengo a la Pyme acá que dice ‘quiero un trabajador con el salario mínimo vital en 54 mil pesos” y resulta que una persona puede llegar a haber recibido individualmente más que eso”.