Nueva ley migratoria: el Gobierno quiere que los extranjeros no residentes paguen por la salud y la educación
El proyecto, que fue anticipado por el presidente en la Asamblea Legislativa, contempla además que deportará a quienes cometan delitos. En caso de aprobarse, será más difícil obtener la radicación definitiva y habrá mayores controles en las fronteras
El gobierno nacional trabaja en una nueva ley migratoria y espera que el Congreso la apruebe antes de que termine este 2025. El presidente Javier Milei la mencionó con énfasis en el paquete de reformas que tiene pensadas para este período de su gestión cuando inauguró el sábado el 143° período de sesiones ordinarias. Entre sus principales puntos figuran el cobro de aranceles para los extranjeros no residentes en servicios como la salud y la educación, mayor celeridad en la deportación de los foráneos que estén involucrados en hechos delictivos, más requisitos para obtener la radicación en territorio argentino y mejores controles fronterizos.
“Fue un pedido que le hicieron al ministro Cúneo Libarona y se está avanzando a buen ritmo para cumplirlo”, le dijeron a Infobae fuentes oficiales. El Ministerio de Justicia se encargará de la redacción del nuevo articulado. La que rige, la Ley de Migraciones 25.871, fue modificada en 2010, mediante el decreto 616 de ese año durante el mandato de Cristina Kirchner.
En el capítulo referido a la Justicia de su discurso del sábado por la noche en el Parlamento y en medio del cruce verbal que tuvo con el diputado del bloque Democracia por Siempre, Facundo Manes, Milei sostuvo que “si queremos ser un país serio, también debemos llevar a cabo una reforma migratoria”.
El hospital San Bernardo de la capital de Salta, la primera provincia en implementar el cobro de los servicios de salud para los extranjeros no residentes. Foto: Gobierno de Salta.
Este último punto, entre las modificaciones que se introducirían, va en sintonía con las que ya se pusieron en marcha en varias provincias durante 2024. Salta, Mendoza, Santa Cruz y Jujuy impusieron el cobro de la atención a la salud, sobre todo para internación y tratamientos especializados, lo que derivó en una disminución de los llamados “tours sanitarios”. Con esa medida en el distrito norteño, según difundieron sus autoridades, “el Estado provincial se ahorra alrededor de $60 millones solo en un hospital, lo cual representa casi el 50% del presupuesto total que recibe por ejemplo el hospital de Santa Victoria Este”.
