El Gobierno desafectó a más de 300 empleados del INTA, INASE e INV, pese al rechazo del Senado
El Gobierno nacional oficializó este viernes la resolución 1240, que desafecta a más de 300 trabajadores de planta permanente de tres organismos clave: el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). Esta medida se toma tras el rechazo en el Senado de los decretos delegados que proponían la reforma y disolución de estas entidades, una decisión que ha generado controversia en distintos sectores.
La medida fue oficializada con la publicación de la resolución en el Boletín Oficial, que incluye tres anexos detallando la desvinculación de los empleados afectados. El personal desafectado tiene “estabilidad adquirida”, según aclara la normativa, y se verán obligados a quedar “en situación de disponibilidad”. Además, se suspende cualquier tipo de licencia sin goce de haberes, comisión de servicios o asignación transitoria de funciones en relación a los empleados de los tres organismos.
Desde el Ejecutivo justificaron esta decisión como parte de un proceso de transformación que incluye la reforma del INTA, la disolución del INASE y la reestructuración del INV. La medida afecta en total a 343 empleados y tiene como objetivo la modernización y reconfiguración de estos organismos.
La resolución entra en vigor el 22 de agosto, y establece que el personal de estas entidades quedará desafectado de forma inmediata. Según el Gobierno, la reestructuración es parte de un enfoque para devolver al INTA a su propósito original y desvincularlo de lo que consideran una “herramienta de militancia política”.
El rechazo de los decretos por parte del Senado, que contó con una amplia mayoría, incluyó la derogación de cinco decretos clave presentados por el presidente Javier Milei. Estos decretos delegados buscaban introducir reformas profundas en varios organismos estatales, incluidos el INV y el INTI. Entre las modificaciones, se proponía que el INV dependiera directamente de la Secretaría de Agricultura, mientras que el INTI pasara a depender de la Secretaría de Industria y Comercio, con el objetivo de unificar las políticas de desarrollo industrial bajo una única estrategia.
Por su parte, el INTA dejaría de ser un organismo descentralizado y autárquico para convertirse en un ente “desconcentrado”, directamente dependiente de la Secretaría de Agricultura. Esta reestructuración ha sido ampliamente criticada por sectores ligados al agro, que ven en la medida una amenaza a la autonomía de estas instituciones.
A pesar del rechazo del Senado, el Gobierno mantiene su postura y avanza con la implementación de estos cambios. Las críticas continúan desde diversos sectores políticos y gremiales, que cuestionan tanto la manera en que se lleva a cabo la reforma como sus posibles implicancias para los trabajadores y el futuro de los organismos estatales.
