Los diputados a los que se ordenó tomar juramento son Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley, del Frente de Todos; Alvaro González, del PRO, y Roxana Reyes, de la UCR.
La Corte Suprema quiere demostrar que mueve a su antojo los hilos del Consejo de la Magistratura, el organismo que elige y sanciona a los jueces, sin importar qué deciden los otros poderes del Estado. Mientras siguen sin definir si una banca del Senado le corresponde a Luis Juez (PRO) o a Martín Doñate, los cortesanos Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz quieren tomarles juramento a cuatro diputados cuyo nombramiento había retirado la presidenta de la Cámara Baja, Cecilia Moreau.
“El Poder Judicial en Argentina está condicionando al resto de los poderes. Tiene una voracidad por desactivar el Consejo de la Magistratura”, sostuvo Juan Martín Mena, secretario de Justicia después de conocerse una acordada del máximo tribunal que dispone tomarles juramento a los diputados Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade –del Frente de Todos–, Álvaro González –del PRO– y Roxana Reyes –de la Unión Cívica Radical (UCR).
La Corte consideró válida la resolución parlamentaria que designó a esos legisladores propuestos por los respectivos bloques y elevados oportunamente al Consejo para que les tomara juramento Rosatti. Lo curioso es que, a fines de mes, Cecilia Moreau había notificado a la Corte que la resolución quedaba sin efecto tras conocerse un fallo del juez Martín Cormick que había anulado la designación de Reyes como consejera dispuesta en abril de 2022 y ahora postulada para la reelección en la Magistratura.
“Este Tribunal tiene el deber constitucional de adoptar las medidas apropiadas para evitar la eventual paralización del Consejo de la Magistratura y, en ese sentido, debe propender a la integración y funcionamiento del órgano de conformidad con la Constitución Nacional en el menor tiempo posible y garantizando la seguridad jurídica”, contestó la Corte.
“Asimismo -dijo-, los distintos estamentos que conforman el Consejo de la Magistratura tienen el deber constitucional y legal de designar a sus respectivos representantes, y la demora o el incumplimiento de ese deber no pueden retrasar, frustrar o paralizar el funcionamiento de dicho órgano constitucional”, dice en la acordada que rubricó el trío compuesto por Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz. Ricardo Lorenzetti no firmó porque no está de acuerdo con la resurrección de una ley derogada que hicieron en diciembre del año pasado sus colegas como forma de habilitar a Rosatti a ocupar no solo la presidencia de la Corte sino también la presidencia del Consejo.
La Corte aún no informó cuándo sería la jura. Aún resta que el tribunal se expida ante el per saltum que presentó Juez en su búsqueda por quedarse con el asiento que se disputa con Doñate. El mes pasado, la Corte le había dado la razón al decir que fue un “ardid” la división del bloque del Frente de Todos que se produjo en abril pasado. Juez, que ya sufrió el rechazo del amparo que había presentado, confía que la Corte le volverá a dar la razón. En el Consejo, todo apunta hacia la parálisis.