La “narco cultura” se cuela en el debate ciudadano. La iniciativa establece una presunción legal a favor de los efectivos en la utilización de sus armas de servicio para prevenir delitos
Se trata de un país que, desde la recuperación de la democracia, ha sido un faro en materia de seguridad. Sin embargo, las estadísticas se disparan. Los crímenes aumentaron 43% el año pasado comparados con 2021, informó Carabineros. La tasa de homicidios se ubica en 4,6 por cada 100 mil habitantes, similar a la Argentina, según las estadísticas oficiales.
Hoy, algunas imágenes del delito sorprenden a los mismos chilenos, como el caso de un peligroso funeral narco que a fines de marzo obligó a suspender las clases en 15 escuelas y dos universidades en Valparaíso.
Además está “la pérdida del control territorial por parte del Estado, tanto en su dimensión de prevención del delito pero también como Estado proveedor de servicios, lo que da espacio a que las bandas puedan crear lealtades en las comunidades”, afirmó el letrado, uno de los cinco expertos que nombró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar la desaparición de 43 estudiantes mexicanos en Ayotzinapa en 2014.
En este contexto de creciente inseguridad, el debate se centra en una polémica ley aprobada en el Congreso conocida por los apellidos de sus autores, Naín-Retamal, que endurece las penas por delitos cometidos contra funcionarios de Carabineros, la Policía de Investigaciones y Gendarmería.
Pero no solo eso. La norma otorgó más atribuciones a las policías uniformada y civil, consagrando el uso de la “legítima defensa privilegiada”, que elimina la idea de proporcionalidad y establece una presunción legal a favor de los policías en la utilización de sus armas de servicio para prevenir delitos. Sus defensores afirman que los agentes evitan hoy disparar por temor a ser acusados en la justicia, pero organismos de derechos humanos sostienen que la norma podría derivar en casos de “gatillo fácil”.
La ministra vocera del Gobierno chileno, Camila Vallejo, pidió “encontrar el equilibrio entre la agenda de seguridad y la de Derechos Humanos” en el gobierno de Gabriel Boric, que entró en su segundo año de mandato jaqueado por una ola de inseguridad sin precedentes.